El Gobierno plantea elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.286 euros brutos mensuales, distribuidos en catorce pagas, en 2027. El incremento sería del 5,3 %, según la memoria del proyecto de real decreto que el Ministerio de Trabajo ha abierto a audiencia e información pública. La cuantía está pendiente de aprobación.
El periodo para presentar aportaciones termina el 16 de noviembre. Una vez cerrado ese trámite, el Consejo de Ministros podría aprobar la norma. La propuesta supera la recomendación del comité de expertos que asesora a Trabajo: el miércoles 4 de noviembre planteó un aumento del 4,9 %, que después se trasladó a los agentes sociales.
El texto del proyecto vincula el incremento con el derecho de los trabajadores y sus familias a disponer de una remuneración suficiente para vivir dignamente. También conserva como referencia que el salario mínimo llegue al 60 % del salario medio, objetivo que recoge la Carta Social Europea.
Una propuesta sin acuerdo con los sindicatos
Es la primera ocasión en la que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, promueve un real decreto para elevar el SMI sin consenso sindical. Los sindicatos reclaman un aumento del 7 % y habían condicionado el acuerdo a que se abordase la compensación y absorción de complementos y pluses.
CCOO sostiene que su petición del 7 % tiene en cuenta la desviación del IPC de 2026, del 3,1 % al 4,9 %, y una previsión del 4,9 % para 2027. Además, exige una norma que evite que los pluses se absorban para compensar el incremento del salario mínimo. También pide aclarar sus efectos fiscales y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo en términos netos.
La patronal, que tampoco respaldó los últimos aumentos, considera la medida electoralista por su posible aprobación durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los empresarios reclaman más tiempo para negociar.
El Ejecutivo puede aprobar la subida tras consultar a los agentes sociales, sin necesidad de obtener el respaldo de las Cortes para este real decreto. También podría hacerlo después de las elecciones, aunque estuviera en funciones.
Díaz ha defendido que la convocatoria electoral no debe retrasar la decisión porque las empresas necesitan conocer la cuantía del salario mínimo el 1 de enero. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, justificó el 4 de noviembre la rapidez de la convocatoria a los agentes sociales tras conocerse el informe de los expertos: “Es urgente ponerse manos a la obra”.
El compromiso de mantener el SMI sin IRPF
La ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que quienes perciban el SMI seguirán sin pagar IRPF. Según explicó, el Ejecutivo actualizará la deducción fiscal para mantener ese compromiso junto a la subida salarial.
Actualmente, a quienes cobran el salario mínimo, fijado en 17.094 euros anuales, se les aplica una deducción de 591 euros. Ese mecanismo permite que no tributen, con independencia de sus circunstancias personales.
Modificar la deducción requiere una reforma legal. Su aprobación deberá pasar por la Diputación Permanente o, previsiblemente ya iniciado 2027, corresponderá al nuevo Gobierno surgido de las elecciones.
